La FNE acusa a la Sociedad Desarrollos Educacionales S.A. de haber establecido el uso obligatorio de uniformes escolares en los colegios que controla sin el concurso de los consejos de profesores ni de los centros de padres y apoderados y sin consultar a los centros de alumnos respectivos, como lo exigiría la normativa del Ministerio de Educación. Además imputa a la requerida haber suscrito un contrato de suministro exclusivo de dichos uniformes con una empresa determinada, sin haber realizado una licitación pública y sin participación alguna de la
comunidad escolar. La requerida sostiene que ha dado cabal cumplimiento al dictamen referido, toda vez que éste no exige la realización de una licitación pública para seleccionar al proveedor exclusivo de uniformes escolares para los alumnos de un establecimiento. Sostiene también que no detenta posición dominante en el mercado relevante comprometido, y que el ejercicio de la propiedad industrial está garantizado por la Constitución y la ley. Por último, sostiene que no ha infringido la normativa del Ministerio de Educación, toda vez que adoptó la obligatoriedad del uso de uniformes escolares con anterioridad a la entrada en funcionamiento de sus establecimientos y, por tanto, antes de que se formaran los órganos representativos de la comunidad escolar. A mayor abundamiento, esta decisión fue tomada antes de la entrada en vigencia del Reglamento de Uso de Uniforme Escolar aprobado por el mencionado Decreto Nº 57 del Ministerio de Educación.