La FNE acusó a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., en adelante CCS, fundado en que esta última habría infringido las normas sobre libre competencia, al abusar de su posición dominante mediante la imposición de cobros por concepto de aclaraciones de deudas. La FNE sostiene que dichos cobros serían improcedentes por cuanto la CCS estaría obligada por la ley a efectuar las aclaraciones en forma gratuita y, además, que la estructura de tarifas por aclaraciones implementada por la requerida sería abusiva, discriminatoria y arbitraria o carente de racionalidad económica. La CCS solicitó el rechazo del requerimiento, fundándose en que su derecho de cobrar por las aclaraciones de deudas estaría expresamente reconocido por la ley, y se encontraría justificado tanto por los costos que involucran las aclaraciones como por los beneficios que éstas reportan a quienes demandan dicho servicio. En cuanto a la estructura tarifaria, la CCS sostiene que ésta se explicaría por razones redistributivas, de eficiencia y de costos. Indica que dicha estructura permitiría el financiamiento de los costos y la optimización del sistema