Los demandantes sostienen que en el último tiempo la directiva y la asamblea han adoptado acuerdos que vulneran la libre competencia, tales como el acuerdo de fijación de precios entre las distintas pescaderías particulares de los socios del Sindicato, en virtud del cual se les ha tratado de imponer un precio de venta de sus productos. Asimismo, señalan que ellos se habrían opuesto al acuerdo, el que, en consecuencia, no habría sido unánime. Al contestar la demanda, el Sindicato no niega la existencia del acuerdo de la asamblea en que se habría acordado la fijación de precios uniformes, pero la justifica sosteniendo que el mismo se basaba en razones de solidaridad y justicia, ya que permitía a cada uno de los locatarios de la caleta gestionada por el Sindicato “hacer una competencia justa” y “obtener todos ganancias parecidas”