La acusó a Kiasa Demarco S.A. (KDM) y a las I. Municipalidades de Conchalí, Pudahuel, Renca, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Cerro Navia, Lampa, Colina, Quilicura, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta, Independencia, Santiago, La Reina, Curacaví, Ñuñoa, Providencia, La Cisterna, San Miguel y Llay Llay, fundada en que determinadas cláusulas de los contratos entre KDM y cada una de las mencionadas municipalidades serían contrarias a la libre competencia al imponer una barrera de entrada al mercado de disposición final de residuos sólidos domiciliarios. Las requeridas contestaron el requerimiento solicitando su rechazo con costas, alegando la excepción de legitimación activa, la de prescripción y, en subsidio, negaron los efectos anticompetitivos de los hechos descritos en el requerimiento.