Las demandantes acusan a Banco Estado de que, abusando de su posición dominante en el mercado de recepción de transferencias electrónicas bancarias, cobra precios discriminatorios por dicho servicio sin que exista fundamento ni razonabilidad económica para ello. Indican que Banco Estado les cobra tarifas superiores a aquellas que cobra a los bancos más grandes por exactamente el mismo servicio y por el que incurre en los mismos costos. Adicionalmente, los bancos Scotiabank y BBVA imputan a Banco Estado el cobro de precios excesivos por dicho servicio, y BBVA lo acusa de empaquetar la Cuenta Rut con las transferencias electrónicas de fondos. Banco Estado opuso las excepciones de incompetencia absoluta y de prescripción, y, en subsidio, sostuvo que no pudo haber cometido ilícito anticompetitivo alguno puesto que carece de una posición dominante. En síntesis, señala que, en cuanto a la acusación de precios discriminatorios, la tarifa interbancaria deriva de un sistema definido y acordado por los propios bancos y que está justificada en los costos en que incurre Banco Estado para prestar el servicio. Acerca de la acusación de precios excesivos, sostiene que no es pacífica su ilicitud y que, sin perjuicio de ello, no se verifican los presupuestos básicos para su concurrencia.

Finalmente, en relación con la acusación de empaquetamiento, sostiene que la vinculación entre la Cuenta Rut y las TEF obedece a la naturaleza de ambas, pues la oferta de una cuenta bancaria lleva consigo la posibilidad de realizar transferencias.