Labbé acusa a Shel de introducir estipulaciones cada vez más gravosas para ella en los contratos de distribución minorista de combustibles, estableciendo una integración vertical de facto entre ambas, que la privaría de su independencia comocomerciante. Argumenta en su demanda que las cláusulas contractuales que configuran las conductas imputadas y son de aplicación general a los distribuidores minoristas, imponen barreras a la entrada, infringen dictámenes de la H. Comisión Preventiva Central y configuran un abuso de posición dominante por parte de Shell, quien incrementa su poder de mercado, depreda a sus distribuidores, no permite la competencia entre éstos, y tiende a explotar a los consumidores. Shell señaló que las cláusulas contractuales fueron aceptadas voluntariamente por Labbé, son normales en cualquier franquicia y están justificadas en la protección de su propiedad intelectual. Agregó que no tiene posición dominante, que no existen barreras de entrada o de salida al mercado, y negó la integración vertical con Labbé, la fijación de precios de reventa y la predación. Además, alegó la incompetencia absoluta de este Tribunal; y, en subsidio, opuso una excepción de prescripción. Con respecto a la prescripción, Shell ejerció el derecho que le confiere el artículo 25º de la Ley Sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, y escogió acogerse a la prescripción de dos años que contempla el inciso 3º del artículo 20 del Decreto Ley Nº 211, introducido por la Ley Nº 19.911